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Movimiento Cívico d'Espanya i Catalans     

"CORRUPCION" DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA (autor: Clemente Polo)

“El sistema de contratación pública de la Generalitat es impecable, de máxima transparencia. Somos un ejemplo de exigencia”. Éstas son las palabras que pronunció con toda su caradura Artur Mas, el president de los independentistas catalanes, en su comparecencia en el Parlament de Cataluña el el 23 de octubre de 2015 para dar explicaciones, a petición propia, sobre la operación judicial en curso que ha dado con los huesos de Andreu Viloca, tesorero de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y de la fundación Cat-Dem de CDC, en una celda. Prisión sin fianza es lo que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para evitar que el imputado pueda destruir pruebas, aunque sería un verdadero milagro que existan más pruebas habida cuenta de sus habilidades para manejar trituradoras de papel y borrar archivos.

Todo “puro espectáculo” porque la vida pública del Señor Mas desde que asumió la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), ascendió a Consejero de Economía (1997-2001) y se convirtió en Consejero en Jefe (2001-2003) ha sido tan intachable como las adjudicaciones de Adigsa, Gisa e Infraestructures de Catalunya. Siempre hasta ayer mismo de la mano del padrino de padrinos, el defraudador confeso Jordi Pujol, y de su esposa, Marta Ferrusola i Lladós, infatigable nacionalista e implacable fustigadora del castellano y de los catalanes castellano hablantes, y madre ejemplar que inculcó a su numerosa prole los principios de la ideología nacional-independentista: sacad cuanto podáis en el menor tiempo posible que abuelos sólo hay uno y vuestro padre no será president eternamente. ¡Corrieron tanto que hoy están imputados todos ellos en los tribunales de Justicia!

Tan impecable trayectoria como el sistema de contratación de los gobiernos de la Generalitat de Catalunya de los que ha sido consejero o president. Por eso mismo, Daniel Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero (2005-2011) de CDC y de la fundación del partido –denominada Trias Fargas hasta 2009 y rebautizada a CatDem a toda prisa tras destaparse el escándalo de financiación ilegal de CDC a través del Palau de la Música-Orfeó Català– fue imputado en 2011 y el juez le pide siete años y medio de prisión. Por eso también, Andreu Viloca (2011-2015) el tesorero que sustituyó a Osàcar en 2011, cuando éste fue imputado –hay una foto magnífica de TV3 en la que se ve Mas abrazando a su tesorero en la sede de CDC tras ganar las elecciones del 28 de noviembre de 2010–, está siendo investigado por el juez Josep Bosch, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 del Vendrell, por presunto cobro de comisiones a empresarios que recibían adjudicaciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Un caso, conviene recordar, que ha ido tomando cuerpo a raíz de la inocente denuncia que presentó Montserrat Gassull, concejal de ERC, que ha confesado sentirse ‘sola’ y ‘presionada’ tras acusar de corrupción ‘millonaria’ al Sr. Masagué, alcalde convergente de Torredembarra. Y es que Junqueras y los líderes de ERC están muy ocupados construyendo ‘un país nuevo y justo’ de la mano de Mas y CDC.

La trama del 3 % lleva una década circulando por los mentideros políticos de Cataluña. La destapó oficialmente el entonces president del gobierno de la Generalitat, Pasqual Maragall en una sesión del Parlament de Catalunya (Diari de sessions, Sèrie P-Núm. 26, 24 de febrer de 2005, p. 29) cuando le dijo al Sr. Mas i Gavarró, entonces líder de la oposición, “ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3 %”. Mas le respondió “usted ha perdido completamente los papeles” y le exigió que retirara sus palabras inmediatamente si quería contar con CDC para hacer juntos las cosas tan importantes que tenían entre manos, a saber, la aprobación del Proyecto de Estatut. Maragall accedió a volver a meter debajo de la alfombra el 2 %, y el Proyecto fue aprobado el 30 de septiembre de 2005. A esa trama se refirió también tiempo más tarde, Carod-Rovira, el que fuera vicepresidente del gobierno catalán con Maragall y líder de ERC, que dijo haberla denunciado antes que Maragall y elevó el porcentaje del 3 al 5 por ciento.

El Sr. Salguero, un empresario que realizó obras para el holding Adigsa, dedicado a la promoción y gestión de la vivienda pública en Cataluña, acusó a Mas de conocer la práctica del cobro de comisiones por adjudicaciones y hasta de haberle enviado a su jefa de prensa para que callara. Pues bien, según este empresario, el porcentaje que a él le exigieron no fue el 3 ni el 5 sino el 20 por ciento. Da la impresión de que cuanto más pequeña la obra e insignificante el empresario adjudicatario, mayor el porcentaje exigido por la mafia. Quizá porque todos son inocentes, la Fiscalía pidió también para tres directivos de Adigsa, incluido su consejero delegado Josep Antoni Fontdevila, DIEZ  años de cárcel por malversación de caudales públicos e inhabilitación por prevaricación para ejercer responsabilidades públicas; y quizá porque eran inocentes el juez que instruía el caso Adigsa cerró varios años de investigación acusándolos de malversación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental.

Conviene subrayar que los delitos de financiación ilegal de CDC a través del Palau de la Música-Orfeó Català se cometieron antes de 2003, y difícilmente puede el Senyor Mas achacarlos a las maniobras del gobierno de Madrid para descarrilar el proceso secesionista, porque, por esas fechas, el propio Mas consideraba la independencia un concepto “anticuado y un poco oxidado”. Al parecer, lo que importaba a los convergentes entonces era hacer caja antes de perder las elecciones autonómicas de 2003. Ni Ferrovial fue la única constructora a la que se exigían mordidas, como estamos constatando estos días, ni la obra pública el único fango donde los convergentes pescaban comisiones. Hace unos meses me detallaba un ex-directivo de un banco internacional asentado en España la trama de “las bufandas”. Eran los tiempos –años 80 y comienzos de los 90– en que los tipos de interés estaban por las nubes y algunas entidades bancarias tenían dificultades para financiarse en el mercado interbancario. Al parecer, las administraciones públicas catalanas depositaban con bastante adelanto cantidades millonarias destinadas a realizar pagos, sobre todo nóminas, y las entidades disponían de esos fondos durante bastantes días. Los rendimientos así obtenidos se destinaban, en parte, a pagar ‘bufandas’ a los responsables públicos que anticipaban los recursos. El asunto no se ha investigado nunca pero dudo mucho que mi solvente informador se inventara la historia.

¡Ojalá que alguno de quienes participaron en operaciones fraudulentas siga el ejemplo del Sr. Salgado en el caso de Adigsa, y se decida a romper el pacto de silencio que ha permitido perpetuarse en el poder a Corrupción Democrática de Catalunya! A Mas y a los suyos, les urge alcanzar la independencia porque, como manifestó el president de los independentistas catalanes hace unos días, “todo cambiaría si existiera ya un ordenamiento jurídico catalán independiente”. Cierto, con un ordenamiento jurídico dependiente del gobierno catalán los golfos convergentes podrían todavía escapar de la justicia.

Clemente Polo Andrés
Responsable del Área de análisis político y económico de "Espanya i Catalans"
(artículo publicado en Expansión el 30 de octubre de 2015)